“Desde las últimas décadas del siglo XX en América Latina, tiene lugar un doble movimiento de puesta en agenda y fortalecimiento de demandas territoriales, identitarias y patrimoniales, en el marco de los intensos procesos de disputa por el acceso, disponibilidad, apropiación, distribución y gestión de los bienes de la naturaleza.
Por un lado, se asiste a la emergencia de conflictos y controversias que tienen a la defensa del territorio en el centro de las disputas, dada la continuidad y profundización de un modelo de desarrollo de carácter extractivo cuyos emprendimientos productivos, inmobiliarios, de infraestructura y servicios impactan fuertemente sobre el ambiente. Se trata de luchas llevadas adelante por una diversidad y multiplicidad de actores (asambleas de autoconvocados, pueblos originarios y/o campesinos, organizaciones no gubernamentales) que se enfrentan al reparto desigual de los impactos que sobre el ambiente y la salud tienen la minería a cielo abierto, la producción agropecuaria comandada por el agronegocio, la producción hidrocarburífera y los desarrollos urbanísticos (Alimonda et al., 2017; Delgado Ramos, 2013; Merlinsky, 2013b; Svampa y Viale, 2014).
Por otro lado, se registra un ciclo de “emergencia indígena” (Bengoa, 2007), de revalorización de la diversidad cultural y reivindicación de las identidades étnicas. Los pueblos originarios –en consonancia con otras organizaciones y movimientos sociales vinculados a la lucha por el derecho al ambiente y la demanda de derechos étnicos y patrimoniales– se tornaron
de modo progresivo en protagonistas de conflictos en defensa del territorio y el ambiente, y se constituyeron como sujetos políticos en el reclamo por sus derechos, negados y avasallados durante siglos. También han tomado impulso las demandas por la conservación del patrimonio (material e inmaterial) y la implementación de políticas de patrimonialización, desatándose toda una serie de disputas de sentido y negociaciones en torno a la valoración y definición de aquello que es considerado patrimonio (Melé, 2014; Salleras, 2016).
Estos conflictos por la revalorización territorial e identitaria transcurren tanto en ámbitos rurales como urbanos (y en su interfase). La región metropolitana de Buenos Aires (RMBA) en Argentina, es sede de un intenso proceso de reestructuración territorial y de disputa por el suelo para el desarrollo inmobiliario, de infraestructura y servicios. La frontera urbana avanza hacia zonas periurbanas y rurales, ejerciendo una fuerte presión sobre territorios antes “marginales” y que se constituyen en áreas de gran valor ecológico y extrema fragilidad ambiental (humedales, cuencas de ríos y arroyos, zonas de ribera y bosques).
En este contexto, en los últimos años en distintas localidades de la RMBA se han dado cita una serie de luchas que buscan hacer frente a las transformaciones en los procesos de urbanización metropolitana (que privilegia a las inversiones y desarrollos de alta gama en detrimento de las zonas y poblaciones “periféricas”, que son quienes reciben las “externalidades negativas”). Ha comenzado a demandarse y promoverse la creación de áreas protegidas en regiones densamente urbanizadas, con el fin de contribuir tanto al resguardo de espacios naturales remanentes como a la protección de sitios de importancia histórica, arqueológica y/o cultural.”
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